Bancarrota pone en jaque relación de Puerto Rico con EEUU
Fuente Base: ciudad caracas
10/05/2017 12:05


Internacionales

Los recortes impuestos han desatado fuertes protestas a pocos días del plebiscito para determinar su estatus como nación independiente


Puerto Rico vive tiempos de convulsión debido a su bancarrota económica, el casi inmediato plebiscito para determinar su estatus como nación y el rechazo popular a los recortes presupuestarios, en especial en el sector educativo.

La economía borínquen depende de los Estados Unidos desde que este país asumió la ínsula en 1952 como Estado Libre Asociado (ELA) sin derecho, empero, al uso de las leyes norteamericanas.

Hace pocas semanas, el gobierno boricua, en manos de Ricardo Roselló, declaró la bancarrota, al acumular $73.000 millones de deuda en bonos y casi $50.000 millones en obligaciones de pensiones no financiadas. A la pequeña nación le resulta impagable el mayúsculo débito, que tampoco asumirá Washington, ya que carece como ELA, al igual que sus ciudadanos, de los derechos existentes en EEUU para estos casos, refiere CubaAhora.

Roselló anunció el pasado 3 de mayo que acudiría a un tribunal federal de quiebras gringo para intentar protegerse de sus acreedores norteamericanos.

Se acogió así al amparo del título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como Ley Promesa, aprobada por el Congreso de EEUU en 2016, la cual prevé la reestructuración de la deuda pública bajo la supervisión de una junta nombrada en Washington, y que funcionará hasta que el ELA tenga cuatro años consecutivos sin déficit fiscal.

Fue firmada por el expresidente Barak Obama después de que la isla anunciara su incapacidad para pagar su enorme deuda y solicitara el apoyo de esta nación.

La legislación no obstante reafirma que Puerto Rico carece de libertad para enfrentar su crisis, ya que por su condición de ELA no puede recurrir a las normas estadounidenses de protección por quiebra.

CAMINO AL ABISMO

Según expertos, Roselló debió acogerse a la Ley Promesa al concluir la moratoria que impedía a los acreedores acudir a los tribunales para reclamar el pago de la deuda. Para el economista norteamericano Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, los duros recortes del plan fiscal impuesto por la junta nombrada por la Casa Blanca serán altamente contraproducentes para el pueblo de la isla.

Stiglitz teme que el programa aceptado por Rosselló causará una enorme contracción económica. Recordó que los recortes previstos de entre $2.400.000 y $2.700.000 en tres años tendrán como consecuencia la profundización de la crisis y enfatizó en que lo realmente importante es cuánta deuda se le perdonará a la isla.

Mientras, el jefe del Concilio de Asesores Económicos del expresidente Bill Clinton, estima que el gobernador se ha enfocado “en el asunto equivocado. Pienso que están subestimando tremendamente el efecto adverso en la economía. Debería empezarse por determinar qué tipo de programas van a permitir restablecer el crecimiento económico. Una vez que respondieran a esa pregunta, entonces es que deberían plantearse cuánto puede pagarse a los acreedores. Es como si buscaran ver cuánto más podemos exprimirle a Puerto Rico para pagarle a los acreedores, independientemente de su impacto en la economía”, aseveró.

El prestigioso economista recomendó como primer paso (que no hará la Junta) estimular la economía y después reestructurar la deuda. “Parecería que no entienden que Puerto Rico está en depresión económica y consideran propuestas que profundizarán el problema”, destacó.

La junta impuso a la isla, hasta ahora, un plan de austeridad, la reforma de la legislación y el reajuste de sus prioridades económicas.

PLEBISCITO DE CARA AL FUTURO

Frente a todo este panorama, el gobernador Roselló firmó la orden para realizar el próximo 11 de junio la quinta consulta popular sobre el estatus de la isla.

Tras cinco meses en el cargo, el hijo del exgobernador Pedro Roselló, rubricó la “Ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico” en la que no aparece en la papeleta la denominación de ELA.

“Tendremos la oportunidad de expresarnos en las tres alternativas que reconoce el derecho internacional. El portaestandarte de la democracia va a tener que contestar la pregunta en algún momento. ¿Cómo vamos a denegarle a 3.4 millones de personas sus aspiraciones democráticas otra vez?”. aseveró.

Añadió que si bien existen razones económicas para aspirar a que Puerto Rico sea un Estado americano, igualmente se trata de un asunto de “derechos civiles”.

Roselló, que no habla de independencia sino de integrarse a la Unión como otro Estado federal con todos sus derechos, afirmó que quieren colaborar “y ser participantes de los Estados Unidos. Es un asunto de derechos civiles. Que todo hijo de esta tierra pueda votar por el presidente y sus representantes en el Congreso”.

La consulta prevista incluye dos alternativas: la estatidad o la libre asociación/independencia. Si gana esta última habría una segunda vuelta el próximo 8 de octubre. Pero si gana la estatidad, afirmó el gobernador, “exigiremos en Washington que se encamine un proceso de descolonización, pero para incorporarse de manera definitiva a Estados Unidos”.

Entretanto, partidos que defienden la independencia de Puerto Rico se reunieron en la Plaza Roosevelt de San Juan, la capital, para invitar a la población a pronunciarse contra la estadidad, equivalente a la incorporación plena del país a la Unión americana.

Entre los promotores de la campaña “Ahora sí ganamos con la soberanía”, están el Partido Independentista Puertorriqueño y el Democrático Popular, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, el Unión Soberanista y la Coalición Ecuménica e Interreligiosa.

 

ESTUDIANTES REBELDES

Mientras tanto, desde hace más de un mes estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) mantienen una huelga indefinida en rechazo a los recortes de recursos aplicados a esa casa de estudios.

El movimiento estudiantil hizo además un llamado a sus compañeros a mantener la lucha en rechazo a la criminalización de la manifestación.

“Queda nuevamente evidenciado el carácter opresivo del Gobierno y del Estado hacia los estudiantes por ejercer su derecho a la libre expresión. No cabe duda de que la dictadura en Puerto Rico continuará quitándose su velo en la medida que los intereses de unos pocos se vean amenazados por quienes luchemos por la justicia”, apuntó el grupo en un comunicado.

El Ministerio de Justicia boricua confirmó ayer que acusará a una decena de alumnos por penetrar en la presidencia de ese recinto y solicitar la renuncia de la presidenta interina Nivia Fernández.

CIERRE DE ESCUELAS

En la misma línea de reducción de gastos, el Departamento de Educación informó que 184 escuelas serán cerradas y 27.000 estudiantes deberán ser reubicados luego de que concluya el actual año escolar.

Maestros indicaron que este es el cierre de planteles más grande en la historia local luego de las 150 clausuradas entre 2010 y 2015.

Madres y padres de los niños y jóvenes afectados dijeron a los medios locales que las autoridades no consideraron las lejanías de los centros de reubicación ni la situación de quienes están en centros de educación especial –30 % de los 365.000 registrados– equivalente al doble del promedio registrado en el continente americano.

 


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